Por Pedro Mendonça, Pedro Lima, Isabel Martin, Gisele Brito e Raquel Rolnik*

Texto publicado en 9/6/2017

No es de hoy que la región de la Luz, en el centro de São Paulo, sufre presiones para convertirla en un polo de expansión de capital inmobiliario y sus productos: centros culturales, condominios residenciales para la clase media, torres corporativas. Hace varias décadas, entretanto, ese territorio popular, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, con arquitectura preservada, resiste a esas propuestas, incluso si esto ha implicado remociones, demoliciones y uso de la violencia.

Los intentos del Estado e promover esa expansión inmobiliaria fueron inviables en función de la combinación de cuatro factores: 1) La existencia en el área de patrimonio histórico tombado, lo que impone limitaciones a transformaciones muy radicales. Hasta 2013, cuando fue suprimida, el propio diseño del loteo fue tombado, ya que la Luz era uno de los últimos remanentes de los barrios abiertos del siglo XVIII en São Paulo, aún así decenas de inmuebles tombado, por los órganos de defensa del Patrimonio Histórico municipal y estatal; 2) La propiedad del suelo fragmentada, transcurridos los siglos de herencias y divisiones de propiedad no siempre totalmente concluidas; 3) La presencia de población de baja renta viviendo en cortiços, pensiones y, más recientemente en ocupaciones organizadas; 4) La concentración, desde la década de 1990, de personas usuarias de crack y otras drogas, que a lo largo de los años cambiaron de lugar, pero sin nunca salir de la región. Estos cambios de localización del llamado fluxo siempre anteceden grandes acciones de arrasar y demoler que, al final, sólo aumentan la concentración de dependientes químicos y la degradación del perímetro objetivo de estas operaciones.

Por lo menos desde mediados de los años 1990, la principal excusa para las acciones del Estado en la región es la eliminación de la llamada cracolândia. En un primer momento, la estrategia fue el cierre de hoteles y pensiones, que se habían convertido en aquel periodo en espacios de producción de crack y, después, refugios para dependientes. Decenas de estos hoteles fueron arrasados, cerrados y demolidos por el poder público, justificando el combate al crimen, y la cracolândia comenzó a ocupar las calles…

Concomitantemente, el gobierno estatal impulsó en la región la política de anclajes culturales, en espacios como Sala São Paulo, o el Museo de la Lengua Portuguesa, en asociación con la Fundación Roberto Marinho, la Estación Pinacoteca y el Centro Paula Souza. El discurso de aquel momento era que esos equipamientos iban a “revitalizar la región” y, consecuentemente, atraer residentes y actividades de mayor renta, lo que no ocurrió.

La política usada fue la de incentivar la instalación de empresas en la región, con la oferta de incentivos fiscales, además de demoler aún más hoteles, tachados como puntos de tráfico, y aumentar la criminalización de los dependientes químicos. Las demoliciones y, sobre todo, su reutilización por el mercado inmobiliario para allí erigir sus productos, sin embargo, enfrentaban algunos de los obstáculos que apuntamos: la estructura del suelo fragmentada que impedía la incorporación de grandes emprendimientos y, al mismo tiempo, se construía una narrativa de necesidad de “limpieza del área”, eliminando la presencia de las personas con dependencia química, cada vez más criminalizadas.

En 2005, la municipalidad asumió el frente de los procesos de transformación el proyecto Nueva Luz (Nova Luz), que previa la utilización de un nuevo instrumento: la concesión urbanística. Por medio de ella, sería concedido a la empresa vencedora del proceso de licitación el derecho a desapropiar y demoler cerca de 30% del perímetro previsto en el proyecto, que incluía no sólo la región de la Luz, sino que también calles comerciales de Santa Ifigênia, un pulsante centro comercial. La propuesta era anunciada por el Municipio como una forma de devolver a la ciudad aquel territorio ocupado por los que frecuentaban la cracolândia.

En la práctica, la Nueva Luz iba a remover familiar y comerciantes que estaban hace generaciones establecidos en el barrio para dar lugar a grandes emprendimientos, destinado a un público distinto de aquel que ya estaba en la región. Gracias a la movilización de los comerciantes de Santa Ifigênia y de los residentes, que se organizaron alrededor del Consejo Gestor (Conselho Gestor) de una de las Zonas Especiales de Interés Social –Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)– que existen en el sector, el proyecto fue interrumpido en la justicia.

Los comerciantes y la población residente en la región consiguieron borrar el proyecto. Pero algunas demoliciones y remociones ya habían ocurrido y tuvieron que consecuencia una nueva mudanza de la localización del fluxo – que llegó a las calles Helvetia, Dino Bueno, Cleveland y Barão de Piracicaba – y a su crecimiento.

Las acciones que ocurrieron en la región al final mayo de este año, cuando nuevamente un gran aparato policial fue usado para desbaratar la concentración de usuarios de drogas, ahora mayor que nunca, sigue la misma lógica. La demolición de edificios (¡con personas adentro!) y el cierre de pensiones que oficialmente servían para combatir el tráfico parece resolver el problema de la fragmentación de las propiedades del local, ya que la Municipalidad irá desapropiando  encima de cualquier negociación. Como consecuencia, las ocupaciones de vivienda en la región están llenas de personas que perdieron sus casas y viven en una doble violencia: el miedo al desalojo en cualquier momento y a las constantes violaciones de derechos promovidos por la policía, que habían invadido inmuebles y apuntado con armas incluso a infantes.

Todo eso para abrir espacio a la Asociación Público Privada Habitacional -Parceria Público-Privada Habitacional (PPP)- del centro, una acción contratada por el Gobierno del Estado de São Paulo para la producción de 3.863 unidades habitacionales a familias con una renta de 1 a 10 salarios mínimos. A la prefeitura le fueron dados terrenos desocupados para la asociación, pero esta sería la primera tentativa de, a la fuerza, abrir grandes lotes para los emprendimientos de la PPP, promoviendo la remoción de las familias residentes. Incluso así, el modelo de la PPP no pretende atender a las familias de las pensiones y los cortiços afectados por las intervenciones. Las unidades producidas para la asociación serán destinadas a personas que comprueben trabajo formal en el centro expandido – lo que excluya a las familias más vulnerables, sin empleo estable -y serán distribuidas por sorteo, siendo transferidos a los sorteados vía crédito, de acuerdo con el contrato ya firmado por la PPP y la empresa que ganó la licitación Canopus Holding.

Es importante resaltar que las áreas ya demolidas, y las que están a espera de demolición, están localizadas en Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) que, según el Plan Director, son destinadas a familias de baja renta. De esta forma, si la producción de vivienda vía PPP es utilizada como una justificación para las demoliciones, de ninguna forma representa una alternativa para los actuales habitantes de la región, y se alinea más a un higienismo que a una política de interés social.

Además de eso, la acción de la municipalidad no cumple la ley al no constituir un Consejo Administrador de ZEIS con la participación de quienes viven y tienen comercios locales ahí, se trata de un espacio que debe servir a la discusión y el debate para la elaboración de cualquier plan para el área, de acuerdo con el Plan Director. Las demoliciones y los cierres también no cumplen las normas referentes a al patrimonio protegido y sus áreas cercanas. El consejo municipal y estatal de preservación de patrimonio, Conpresp y Condephaat, necesitan autorizar previamente las demoliciones y así mismo las clausuras que ocurren en los inmuebles en la Dino Bueno, lugar de solapamiento de varias áreas rodeadas de edificios protegidos.

Lo que es evidente es que, en momentos ratos de la historia de cracolândia, hubo una preocupación con la salud y el bienestar de quienes viven en la región y la mejora de sus condiciones de vida, incluso de los usuarios de drogas. En todo ese periodo, sólo los programas De Brazos Abiertos (De Braços Abertos), municipal, e Recomienzo (Recomeço), del gobierno estatal, parecer haber reconocido a la cracolândia como una cuestión de salud pública y asistencia social, aunque aún sea posible hacer alguna crítica a los programas; y a excepción de los equipamientos culturales que fueron reformados por los gobiernos estatal y por entidades privadas (como el Museo de la Lengua Portuguesa, realizada por la Fundación Roberto Marinho por medio de la Ley Rouanet), ningún plan presentó una propuesta de rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbanístico del conjunto de la zona.

La mayoría de los proyectos impuestos por el Estado para el centro y, principalmente, para ese lugar, tiene o tuvo una visión preconcebida: la idea cuestionable de que se trata de un espacio vacío, sin vida, o que lleva el presupuesto de la necesidad de revitalización -o sea, de un proyecto que niega la vida que existe para traer de vuelta a la clase media y a la elite por medio de emprendimientos inmobiliarios. No es posible una propuesta que tenga como punto de partida ver y valorizar a la región como un territorio popular (y claro, con cuestiones serias a ser enfrentadas) y que pueda construir,  ¿en lugar de imponer un plan ya definido, un proceso democrático de cambio en el que la población que hoy ocupa la región, que vive y trabaja allí, sea protagonista?

El LabCidade inició la elaboración de un dossier con mapas que caracterizan el área de la Luz del punto de vista urbanístico -mostrando, incluso, que no se trata de un “vacío” demográfico y económico. El trabajo apunta a varios proyectos propuestos para el área y sus perímetros, los inmuebles protegidos, los propietarios de inmuebles de la región, sus usos y los caminos de flujo a lo largo del tiempo. Se trata de un trabajo en curso, pero que deberá alimentar de la reflexión crítica de todos quienes viven en la ciudad y desean una Luz democrática. Acesse o dossiê aqui.

* Respectivamente: estudiante de pregrado en Arquitectura y Urbanismo de la FAU USP y investigador de LabCidade; estudiante de pregrado en Arquitectura y Urbanismo de la FAU USP y becário; Estudiante de pregrado en Arquitectura y Urbanismo de la FAU USP, becária de iniciación científica apoyada por CNPq; Periodista, estudiante de Maestría en la FAU USP; Docente en la FAU-USP y coordinadora del LabCidade