Edifício ocupado no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, que pegou fogo e desabou, no dia 1º de maio de 2018 (Foto: Javam Alves/ Fotos Públicas)

Por Aluizio Marino, Camila Campos de Almeida, Felipe Villela, Martim Ferraz, Pedro Mendonça, Raquel Rolnik, Regina Dulce Lins e Renato Abramowicz Santos*

Publicado en 2/5/2018

El día 1º de mayo de 2018 fue una tragedia para decenas de familias que vivían en una ocupación en el Largo do Paissandu, centro de São Paulo. Un incendio derribó um edifício que albergaba, según el municipio, por lo menos 428 personas de 169 familias diferentes. Para muchas, entre tanto, esa no fue la primera mudanza forzada. Una de las personas que está viviendo este drama nuevamente es Deise. Ella había sido removida por el gobierno del Estado de la ocupación donde vivía, en Campos Elíseos, hace apenas dos semanas, para que su casa y la de otras 70 familias pudiesen dar lugar a la construcción del hospital Pérola Byington. En la emergencia y sin otra opción, Deise había encontrado un nuevo techo en el edificio de Paissandu, pero ahora está nuevamente en la calle, acampando en la plaza.

La historia de Deise refleja dos casos recientes en que las familias tuvieron que cambiarse forzadamente y en ambos, fue evidente el desfase del poder público con la cuestión de la vivienda: ninguna familia afectada recibió una propuesta de atención definitiva, aunque haya sido víctima de un desalojo para dar lugar a una obra pública o por una tragedia vinculada a un edificio abandonado por el poder público, ya que el edificio que se desmoronó era de propiedad de la Unión. La solución presentada por los órganos responsables es siempre la misma: pagar una subvención de arriendo de R$400, un valor irrisorio, que imposibilita la permanencia de esas familias en la zona central de la ciudad.

Vidas como estas son marcadas por la angustia de la transitoriedad permanente, por ser objeto frecuente de políticas públicas y judiciales que obligan a su desplazamiento, hacia una situación cada vez más precaria. El alza de los precios de los arriendos en las áreas consolidadas también presionan la salida de estas familias, quienes quedan sin posibilidades de quedarse en las zonas donde mantienen, muchas veces, comercios e hijos en las escuelas. La vivienda digna no es puesta como alternativa por el poder público en ningún proceso de exclusión socio-territorial, y las ocupaciones acaban por ser la respuesta inmediata que muchas familias encuentran para conseguir permanecer en el territorio.

Las ocupaciones de inmuebles ociosos en el centro de la ciudad ya es una realidad desde 1997, cuando los primeros movimientos por la vivienda pasaron a dar uso a los edificios que hace décadas estaban vacíos en la región. Como el tiempo de resistencia de cada ocupación es muy variable y como hay edificios que ya fueron desocupados y re-ocupados varias veces, es difícil cuantificar cuántas ocupaciones existen en la ciudad de São Paulo. Sin embargo, es posible tener una noción de la vulnerabilidad en que se encuentra un gran número de familias que habitan el centro. En 2010, de acuerdo con los datos más recientes del IBGE, existían más de 20.700 domicilios en la subprefeitura de  Sé, albergando familias con rentas mensuales inferior a dos salarios mínimos. Entre 2000 y 2010, el número de familias viviendo en esas condiciones en el centro de São Paulo se duplicó.

Ante una demanda enorme, que sólo aumenta, ¿qué se puede hacer?

Las alternativas para el centro

En el centro de São Paulo, de acuerdo con el levantamiento del municipio actualizado en marzo de 2018, hay 853 inmuebles cadastrados como vacíos o subutilizados, sólo en el municipio de Sé, es un número que equivale al 60% de todos los inmuebles posibles de ser notificados por la municipalidad para que cumplan la función social de la propiedad y no permanezcan como puntos de retención especulativa, en conformidad al Plan Director (Ley Nº 16.050/2014). De esos inmuebles en el centro, 742 ya fueron notificados, y pueden ser desapropiados y pagados por concepto de deuda pública en el caso que sean utilizados en el plazo establecido por la ley.

Uno de los posibles destinos para aprovechar esos inmuebles es la construcción de vivienda popular, incluso con la opción de utilizarlos en un programa de arriendo social. En Uruguay, por ejemplo, el gobierno federal y el de la ciudad de Montevideo tienen una política de disponibilización de suelo e inmuebles públicos para que cooperativas puedan producir vivienda, en modelos de autogestión sin fines de lucro.

En São Paulo, el potencial de exploración de las vacancias es aún mayor de lo que contabiliza el catastro de la municipalidad. De acuerdo con los datos de IBGE levantados por el investigador Fábio Custódio, durante su maestría en Planificación Urbana y Regional en la USP, en 2010, había 19.867 inmuebles vacíos en la municipalidad regional de Sé, número más de 20 veces mayor de lo que consta en la lista de notificaciones del poder municipal.

Otra posible solución para promover vivienda en el centro de la ciudad sería la aplicación eficaz del Fondo de Desarrollo Urbano (Fundurb -Fundo de Desenvolvimento Urbano-), instrumento creado prioritariamente para subsidiar políticas habitacionales y que, según el Plan Director, debe tener 30% de sus recursos destinados a la adquisición de terrenos para la producción de vivienda bien localizadas. En tanto, entre 2013 y 2017, fueron invertidos apenas R$28,3 millones en la adquisición de inmuebles en la región central, de acuerdo con los datos de la municipalidad, un valor que corresponde a menos de 6,5% del total del presupuesto de Fundurb en los últimos cinco años.

El proyecto Campos Elíseos Vivo, en desarrollo en el contexto del Fórum Aberto Mundaréu da Luz, ha explorado, de forma colectiva e interdisciplinar, las opciones para garantizar la permanencia de las clases populares en el centro de São Paulo – y no sólo de las familias que pueden pagar un crédito hipotecario, sino de toda la diversidad de habitantes de la región, como los habitantes en situación de calle, las familias de baja renta y los usuarios de drogas que necesitan de atención social y terapéutica. La población que vive, trabaja y circula en la zona conocida como “cracolândia” ha participado activamente en las discusiones sobre las soluciones para el territorio.

En sentido contrario a las intervenciones y remociones sistemáticas promovidas por el sector público en la zona, el proyecto prevé el atendimiento definitivo de todos los que viven en el área y otros centenares de familias de baja renta que podrían migrar para el barrio, que tienen el potencial de recibir cerca de 3.000 unidades habitacionales en los inmuebles vacíos y subutilizados. Es posible transformar el centro sin remover a nadie, garantizando la permanencia de la diversidad de la región y promoviendo inclusión social, habitacional y económica en el territorio.

* Investigadores/as do LabCidade.