Por Benedito Roberto Barbosa, Raquel Rolnik, Débora Ungaretti, Pedro Mendonça e Talita Anzei Gonsales.*
La municipalidad de São Paulo dio a conocer esta semana las constructoras interesadas en participar del programa municipal PPP Casa de Familia. El programa prevé la realización de 12 asociaciones público-privadas para producir 34 mil unidades habitacionales para familias con una renta de hasta 20 salarios mínimos, además de equipamientos, infraestructura e inmuebles comerciales. En esta licitación, aparecen interesados en seis de los 12 lotes ofrecidos, que implica la construcción de 13 mil viviendas.
A primera vista, la noticia parece positiva: 34 mil viviendas, la mayoría de interés social, en una ciudad que tiene una enorme demanda de viviendas populares….Vamos entonces a examinar justamente lo que ocurre hoy en una de las áreas incluidas en el lote 12 de la PPP Casa de Familia, a lo largo del Córrego do Bispo, que ganará, además de casas, un parque linear. Exactamente en este lugar, en el Peri Alto, viven más de 2 mil familias, cerca de 8 mil personas, que casi fueron removidas esta semana, sin ningún tipo de catastro o atención. Si no fuese por la actuación de la Defensoría Pública, del Centro Gaspar García de Derechos Humanos, del Forum de Derechos de la Infancia y de los Adolescentes – Cachoeirinha y de las asociaciones locales, además de la propia PM, que en manifestación al juez, éste consideró como inadecuada la idea de poner 2 mil familias en la calle en vísperas de Navidad. El juez decidió aplazar el desalojo para enero de 2019.
La decisión de reintegrar la propiedad de esta área hace menos de un mes, después de la propuesta de una Acción Civil por el Ministerio Público contra la Prefeitura de São Paulo, ordenando retirar dichas familias en función de accidentes geotécnicos. Entre un ir y venir legal, sin la participación de las familias afectadas y sin una delimitación precisa o un análisis técnico cuidadoso y detallado para definir qué casas efectivamente corren riesgo, sin un conteo de las viviendas y la identificación de las familias para una atención habitacional adecuada, este desalojo se lleva a cabo de forma precipitada. La demarcación del área como R4 (riesgo muy alto), como es el caso del área amenazada en el Peri Alto, no puede ser la única base para indicar un desalojo, ya que es un análisis realizado en una escala poco adecuada para evaluar las opciones del proyecto, en las que el desalojo es una, pero no, la única alternativa.
Al contrario, esta área es próxima a la entrada del condominio cerrado de alta padrón que avanzó sobre la Área de Protección Permanente. En este caso, en el año 2006, hubo un acuerdo con la fiscalía para permitir el mantenimiento de las casas. Hoy en día el condominio está demarcado como Zona Exclusivamente Residencial.
Para que la PPP habitacional municipal se pueda realizar en este lugar, con la construcción de viviendas, incluso en algunas áreas que son de propiedad del municipio, y la implantación del parque, el área debe estar “limpia” lo que significa que los residentes actuales ya no pueden estar allí. En conformidad a las bases del concurso de la asociación, el municipio asume la “carga” de la disposición de tierras para la construcción, mientras que el socio privado se hace responsable de encontrar financiamiento. Sin embargo, no hay ninguna propuesta o resolución contractual de cualquier tipo que define que las viviendas a ser construidas están destinadas a las familias removidas.
Por otra parte, ni siquiera un registro de estas familias fue realizado para verificar su encuadre en las condiciones básicas de la PPP, que a semejanza de la PPP estatal es constituida de básicamente casas propias que serán compradas y pagadas por medio de crédito por parte de quienes tienen condiciones para ello. Por esta razón, aunque se diga que gran parte de los recursos de la PPP (71%) serán para viviendas de hasta 6 salarios mínimos, si alguien del municipio visitó el terreno antes de diseñar la PPP, ciertamente se dio cuenta que la mayor parte de las familias tiene una situación de pobreza y vulnerabilidad que difícilmente les permitiría a ellas encuadrar en los términos de financiamiento, inclusive, ya definidos.
De esta manera tendremos un parque, viviendas… y millares de personas en la calle, sin tener a dónde ir, y por tanto, muy probablemente en una situación de riesgo. En un momento de aumento de la pobreza y de la desigualdad, además del aumento de familias que no consiguen sostener los costos de la vivienda, buscando alternativas desesperadas para vivir, es necesario programas habitacionales que sean formulados para atender a esta demanda, y no para ofertar unidades de forma genérica para “cerrar la cuenta”, o sea, basado en modelos económicos-financieros que garantizan la remuneración al socio privado.
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